Indignación y acusaciones de corrupción tras la exoneración de Javier Duarte por d3s4p4rición forzada

La reciente exoneración del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de desaparición forzada ha generado un fuerte rechazo por parte de colectivos de familias de personas desaparecidas, quienes calificaron la decisión de un juez de control como un acto de corrupción que perpetúa la impunidad en el estado. Duarte había sido vinculado a proceso en 2022 por la desaparición del policía David Lara Cruz, cuyo cuerpo fue hallado en 2016 junto a otros 18 restos en la Barranca La Aurora, cerca de la Academia de Policía. Según testimonios, Duarte ordenó ocultar el hallazgo de 12 de esos cuerpos para evitar un escándalo mediático tras la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, ocurrida un día antes.

Colectivos como Solecito de Veracruz y Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas han denunciado que la resolución del juez estuvo motivada por sobornos. Lucía de los Ángeles Díaz Genao, presidenta del colectivo Solecito, señaló: “Ese juez recibió una buena transferencia de efectivo. Nadie cree en la inocencia de Duarte”. Díaz, madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz, desaparecido en 2013, agregó que esta decisión es un golpe bajo para las familias de desaparecidos y evidencia la vulnerabilidad del sistema judicial frente a la corrupción. Sara González Rodríguez, coordinadora del colectivo Por la Paz Xalapa, expresó la profunda tristeza y enojo de las familias: “Nos pusimos a llorar las madres; todos sabemos que Javier Duarte se chingó a cientos de familias con la desaparición forzada”.

Por su parte, María Elena Gutiérrez, integrante de Buscando a Nuestros Desaparecidos, acusó tanto al juez como a la Fiscalía General del Estado (FGE) de no cumplir con su labor: “La Fiscalía no hace un trabajo sólido. Es vox populi que los jueces estatales y federales aceptan sobornos. En la cárcel solo quedan los que no tienen dinero para pagar su libertad”. Las madres buscadoras coincidieron en que el enriquecimiento ilícito de Duarte y los miembros de su gabinete les permite vivir con lujos, mientras las víctimas siguen sin respuestas. Además, señalaron que su esposa e hijos mantienen una vida acomodada en Inglaterra, con propiedades de alto valor.

En un mensaje en redes sociales, el gobernador Cuitláhuac García aseguró que “aún no está dicha la última palabra” e instó a la FGE a impugnar la resolución. Las familias, por su parte, exigieron a la fiscal Verónica Hernández que garantice justicia y actúe en favor de las víctimas. La indignación de los colectivos no solo se centra en el caso de David Lara Cruz, sino en las miles de desapariciones ocurridas durante el mandato de Duarte (2010-2016), muchas de las cuales, aseguran, están documentadas como actos de represión con participación de las fuerzas de seguridad estatales.

El caso de la Barranca La Aurora es solo un ejemplo de los crímenes que marcan el sexenio de Duarte. En enero de 2016, los restos hallados fueron deliberadamente manipulados, reportando solo seis de ellos para ocultar la magnitud del hallazgo. Testimonios, como el del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, señalan que Duarte ordenó minimizar el escándalo. Aunque Bermúdez declaró bajo tortura según su defensa, el señalamiento refuerza las denuncias de las familias sobre el uso sistemático de la fuerza pública para encubrir crímenes.

La exoneración de Duarte no solo es un golpe a la justicia en Veracruz, sino un recordatorio del largo camino que aún queda por recorrer para garantizar que las víctimas y sus familias obtengan verdad y reparación. Los colectivos prometen no desistir y continúan exigiendo investigaciones transparentes que garanticen que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Agencias.